La primera audiencia que juzga a ocho represores entre civiles y militares por los asesinatos de los militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Hilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis, Carlos Lajas y Raúl Osvaldo Cardozo, ocurridos entre noviembre y diciembre de 1977, comenzó esta mañana en la sala Díaz Bialet, ubicada en el primer piso de Tribunales Federales, en Barrio Rogelio Martínez de la capital cordobesa. Los represores están acusados por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y homicidio agravado.
La típica escenografía que muestran las películas se repite. Pero no es cualquier juicio. Es la primera vez que en Córdoba, luego de 25 años de eludir a la justicia, Luciano Benjamín Menéndez, cabeza máxima de la represión planificada y ejecutada en el área del Tercer Cuerpo de Ejército, el mismo que en una entrevista realizada en 1984 repitió que “no hubo excesos”( …) ni muertos inocentes” y que si así fuera, muy seguro, afirmó: “si hay pruebas deben ser juzgados los torturadores.”
Y ese día llegó. Acaso la tensión acumulada por tantos años de impunidad y la posibilidad concreta de ver en vivo y en directo a los represores crearon un clima de tensión extrema. Pura adrenalina exudaba de los cuerpos presentes y se dispersaba en el ambiente. Un silencio espeso sólo interrumpido por el ruido del aire acondicionado fue quebrado por el grito de una mujer que nombrando a todos en uno sintetizó: ¡Te llegó la hora!
La sala en cuestión, revestida en madera, presenta sobre la pared del fondo, a espaldas del tribunal, un gran crucifijo, que busca la mirada de acusados, defensores, público y querella.
Los represores: Luciano Benjamín Menéndez, Hermes Oscar Rodríguez, Jorge Ezequiel Acosta, Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Vega, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován y Ricardo Lardone, de mayor a menor jerarquía, ingresaron al recinto, sin esposas, y se ubicaron a la izquierda en un sitio especialmente diseñado para resguardar su seguridad. En la zona del público, un policía ordenaba al público conformado por miembros de los organismos de derechos humanos, de la sociedad civil y periodistas. “Todos sentados”, repetía. Unos cuarenta custodiaban la sala. Algunos permanecieron sentados entremezclados con los familiares de torturadores y de víctimas.
Silencio en la sala. Comienza el juicio. En el centro de la escena, está el tribunal integrado por los vocales José Vicente Muscará y Carlos Otero Álvarez, y el presidente Jaime Díaz Gavier. El presidente corrobora, nombrando a cada uno de los acusados, que están presentes. Tras lo cual da paso a la lectura de la requisitoria de la elevación a juicio.
La ardua tarea estuvo a cargo del secretario de cámara, Pablo Bustos Fierro. Pese al tono monocorde y a veces inaudible del funcionario, la sociedad pudo conocer los fundamentos y la contextualización histórica que deriva en la realización del juicio.
Centralmente puso en evidencia la existencia de un plan sistemático y oculto, dirigido desde el Estado a exterminar al oponente. Quedó claro que coexistían dos sistemas jurídicos uno formal, escrito y otro verbal, ejecutado “por izquierda” y conducido por el máximo representante del Tercer Cuerpo de Ejército. Todo ello en aras de “aniquilar a la subversión”.
La metodología empleada por los represores quedó al descubierto luego de la investigación realizada por la Fiscalía. Una a una, fueron relatadas las historias de las víctimas y el calvario vivido desde el 6 de noviembre de 1977. De la lectura se desprende que el llamado operativo ventilador fue el método aplicado.
La secuencia del horror consistía en secuestrar, mantener en cautiverio en condiciones infrahumanas, torturar para obtener datos sobre otros militantes, fusilar y reportar los hechos ante la prensa como “enfrentamientos” ocurridos en la calle. Esta modalidad les daba aire para sostener ante la sociedad la idea de que existía una “guerra”.
Todo lo expresado fue corroborado por un grupo de sobrevivientes cuyos testimonios, obran en la causa. También quedó establecido que Menéndez conocía los movimientos de la patota porque era el “dueño absoluto de la vida y de la muerte”. La última escena de esta película horrorosa culmina con el retiro de los cuerpos de la calle y su ingreso al circuito formal del sistema. Depósito de los cuerpos en la morgue y certificados de defunción firmados por médicos.
A 27 años del hecho, uno de los cuerpos fue exhumado e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Correspondía a Hilda Flora Palacios.
Cuando faltaban 15 minutos para las doce, y la lectura de la requisitoria avanzaba hasta el punto cuatro, uno de los abogados defensores del represor civil Ricardo Lardone
solicita atención médica para su defendido porque aduce un malestar respiratorio.
De inmediato es retirado hacia otras dependencias. A su vez, Menéndez solicita ir al baño. Se pasa a cuarto intermedio por quince minutos.
Luego de esta interrupción en la que ninguno de los presentes objetó tan siquiera con un comentario, cuando regresaron, se pudo observar el andar dificultoso y tal vez sobreactuado de algunos de los represores, ayer amos y señores y hoy pobres ancianos.
La audiencia se reinició y la lectura del extenso texto continuó y al filo de las 13, la primera parte de esta audiencia concluyó.
En el momento en que la sala comenzaba a desalojarse, pudo escucharse una voz, otra vez femenina, que resumía: “¡Verdugos, hijos de puta, asesinos!”.
A las 16,20 se abrió la lectura de la Querella. El desmontaje de lo que se consideró una máquina del horror supuso hablar de los delitos de privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado.
Están tras un vidrio. Menéndez y los siete represores están detrás de un rectángulo y cubiertos por una larga fila policial. “Los de negro están dispuestos especialmente para este juicio” me comentaron minutos antes. La violencia de la cercanía llena de tensión el espacio.
Allí esta Menéndez. Inmóvil, con el rostro rígido, aparece seguido por la línea que marca lo que fue “su patota”. Comienza la lectura. Mientras tanto, desde un lateral van llegando las abuelas. Los pañuelos blancos se contraponen al bastón y lo péltreo. Una misma generación y dos posturas ante la justicia. “Les damos la posibilidad de justicia que nuestros hijos no tuvieron”, se escuchaba en el intermedio.
Los pactos de sangre, los simulacros de enfrentamientos y las formas de tormentos y violaciones se fueron entrecortando en la lectura. Si bien la causa Brandalisis hace foco en la Perla donde se describe el funcionamiento del Grupo de Operaciones Especiales (OP3), este accionar fue parte de un plan sistemático e ilegal que terminaba con la eliminación física de las personas.
El ingreso, el cartel alusivo a “sala de terapia intensiva. No se reciben enfermos”, una Perla afectada por tormentos fue tensando la sala. La descripción del secuestro de Hilda, la simulación de enfrentamiento armado en Colón y Sagrada Familia para ocultar el fusilamiento y las formas en que
Menendez hablaba de “operativos antisubversivos” ocuparon las horas siguientes.
En una minuciosa labor se fueron detallando las responsabilidades de Rodríguez, Acosta, Manzanelli, Vega, Díaz, Padován y Lardone dentro de la causa.
¿En qué cosas estará pensando?
Un genocida disfrazado de anciano, un Lardone que se descompone al mediodía… una escena de cinismo contrapuesta a la vitalidad y entereza con la que las mujeres, las abuelas escuchan los relatos del horror y aguardan la justicia.
La tensión con la que avanza el final de la jornada se entremezcla como en la saturación de instantáneas: El ingreso, los flashes sobre los represores -sin pedir permiso, sin tener miedo-, el ingreso de Abuelas, de H.I.J.O.S., de Familiares y los aplausos mientras los cánticos de 25 años de pedir justicia se cruzaban desde la calle. Y verlo ahí, sabiendo que no se juzga un caso individual, sino que es un hecho político, la posibilidad histórica de ver a los genocidas en el banquillo de los acusados. Hoy Menéndez estuvo allí.
Por Katy García y Ximena Cabral
Esta nota fue publicada en el Diario de juicio, publicación digital realizada por H.I.J.O.S. Córdoba con la colaboración de periodistas independientes.
