Crónicas del juicio

Luego de sortear los impedimentos –la anulación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida y el indulto– que impidieron juzgar el accionar represivo del estado durante la última dictadura militar, se desarrolló este primer juicio a los responsables de los delitos y las violaciones a los derechos humanos cometidos en el Centro Clandestino de Detención y Exterminio “La Perla”.

Pasados 32 años de la última dictadura militar, El Tribunal Oral Federal Nº 2 de la ciudad de Córdoba, conformado por Jaime Díaz Gavier, José Vicente Muscara y Carlos Otero Álvarez, daba comienzo al juicio que sentó en el banquillo de los acusados, al máximo responsable del Terrorismo de Estado en más de diez provincias. A partir de la causa denominada Brandalisis que implicó el secuestro, la desaparición, tortura y asesinato de Hilda Flora Palacios, Humberto Horacio Brandalisis, Carlos Enrique Lajas y Raúl Oscar Cardozo, quienes fueron víctimas del “Circuito del Terror”: Secuestrados, alojados en “La Perla”, torturados, asesinados y enterrados clandestinamente.

Martín Fresneda y Claudio Orosz, fueron los abogados de la agrupación H.I.J.O.S. y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, que representaron a las hijas de Hilda Flora Palacios. Mauro Ompré, representó a la familia Lajas. El Fiscal de este tribunal fue el Dr. Maximiliano Hairabedian, acompañado por Graciela López de Filoñuk, Fiscal del Juzgado Federal Nº3 quien llevó adelante la instrucción de la causa, y Jorge Fabián Asís, fiscal del Tribunal Oral Federal Nº2. Marcelo Arrieta representó a las figuras de los "ausentes" Brandalisis y Cardozo. 

Los imputados fueron defendidos por los Defensores Oficiales María Mercedes Crespi y Adriano Liva. El imputado Jorge Acosta fue representado particularmente por los abogados Alejandro Cuesta Garzón y Jorge Alberto Agüero. 

Finalmente, tras veinte jornadas de audiencia, Menéndez recibió perpetua y se encuentra alojado en el penal de Bower. En cuanto a Hermes Rodríguez y Acosta, ambos recibieron una pena de 22 años por no comprobarse la participación en el asesinato de las víctimas. Lo mismo ocurrió con Vega, que por su menor jerarquía fue condenado con 18 años de prisión. El resto de de los imputados, Manzanelli, Díaz, Padovan y Lardone recibieron condena perpetua. En todos los casos se dispuso revocar los beneficios de la prisión domiciliaria a quienes la tuvieran y alojarlos en una cárcel común.

Esta crónica fue publicada en el Diario de la Memoria Nº 2, buscar AQUÍ

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